Los mismos protagonistas del esquema de corrupción que se investiga desde la investigación de Clarín sobre Nación Seguros se repiten en una nueva denuncia que recayó también en el juzgado de Julián Ercolini en Comodoro Py. La presentación judicial acusa por asociación ilícita a Alberto Fernández, su amigo broker Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliaro por una trama similar detectada por una fundación anticorrupción en el paso del expresidente por Provincia Seguros.
La trama adicional que deberá evaluar el fiscal Carlos Rívolo se remite a 2006, cuando Fernández era vicepresidente del Grupo Bapro, Pagliaro era gerente de Provincia Seguros y la familia de Martínez Sosa tenía una empresa de seguro en Tierra del Fuego que terminó siendo comprada por el Banco Provincia.
Según acusó la Fundación Apolo -un sello que trabaja temas de corrupción y ya hizo presentación sobre Fernández con trámite judicial- «desde aproximadamente 2006, se orquestó un sistema idéntico al que después se repetiría en el Estado Nacional: a través de un decreto del 2004, se obligó a todos los entes provinciales y municipales a contratar con Provincia Seguros SA».
La denuncia presentada por el legislador porteño Yamil Santoro, aclara que «a diferencia de Nación, el decreto (provincial) prohibió todo tipo de intermediarios». No obstante «los intermediarios (conocidos como agentes institorios) operaron como mandatarios de Provincia Seguros» y las intendencias tenían que designarlos sí o sí», revelan.
Los denunciantes sostienen que entonces se «generó una estructura de intermediarios exactamente igual a la que hoy se investiga del Estado Nacional» que «hoy sigue estando vigente».
Para sostener la acusación, la ONG aportó declaraciones testimoniales de causas en las que se revelaba ese esquema ante intendencias, en las que tallaba Martínez Sosa como en la causa Seguros lo hacía en organismos nacionales, según revelaron los chats de su esposa María Cantero, secretaria presidencial de Alberto Fernández. Por eso piden avanzar si, como en el esquema de Nación Seguros, en Provincia se dio un beneficio similar de comisiones multimillonarias pero desde las municipalidades bonaerenses.
También, la Fundación Apolo pone el foco en la compra de la empresa Vanguardia SA, con sede en Tierra del Fuego, por parte del Banco Provincia. «Esta firma era propiedad de la familia Martínez Sosa y fue comprada inexplicablemente y con consecuencias ruinosas para la provincia, por el Grupo Bapro. (…) en tiempos en los que Alberto Fernández ejercía la vicepresidencia del Grupo Bapro», detallaron.
La presentación de 26 páginas a la que accedió Clarín resultó sorteada y recayó en Ercolini y Rívolo como juez y fiscal respectivamente. Los mismos que en la causa por la que expresidente debió presentarse en Comodoro Py y se lo vio salir de los tribunales, desmejorado, al enfrentar una acusación concreta de corrupción.
Además de Yamil Santoro, firman la denuncia por Apolo el jefe del equipo legal, José Magioncalda; el encargado del equipo de investigación, Nicolás Silvera, y el abogado Ignacio Falcón. «Lo que hoy investiga la justicia no es un hecho único, sino es parte de un plan sistemático desarrollado hace más de 20 años, creado por una verdadera asociación ilícita. Lo peor de todo, este sistema sigue vigente hoy en día», declaró el legislador porteño denunciante.
DS