La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no tendrá las vacaciones en paz. Es que el juez Enrique Lavié Pico habilitó este jueves la feria judicial excepcionalmente para tratar el reclamo de 63 comedores para que vuelvan a ser incluidos en el registro oficial y poder recibir alimentos luego de que el gobierno libertario resolviera recargar el peso del ajuste que impulsa sobre las espaldas de los más débiles.
La presentación estuvo a cargo de organizaciones sociales que pidieron el reconocimiento de 63 comedores comunitarios pertenecientes a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr).
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De esta manera, la cartera dirigida por Pettovello tendrá tiempo hasta este viernes para dar respuesta a este reclamo, en un nuevo capítulo de la batalla legal entre las agrupaciones que reclaman comida para sus centros comunitarios y Pettovello.
Los comedores que presentaron el reclamo judicial se encuentran registrados en el Renacom, y presentaron toda la documentación solicitada para recibir alimentos como venían recibiendo a lo largo de los años. A pesar de ello Pettovello ordenó suspender todo tipo de asistencia y dejar a la deriva a los niños, adultos y adultos mayores que concurren a esos lugares todos los días para poder acceder a un plato de comida.
El juez Lavié Pico hizo lugar al reclamo y expresó en su dictamen: «los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida». Y agregó: «la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos».
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El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Nuevo conflicto para Sandra Pettovello
Esta no es la primera vez que organizaciones sociales apuntan Sandra Pettovello. Meses atrás denunciaron acopio de toneladas de alimentos. Incluso el dirigente social Juan Grabois hizo una presentación contra la titular de Capital Humano por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y por «suspender la entrega de alimentos básicos a los comedores”.
En medio de denuncias cruzadas entre el gobierno y los dirigentes sociales, el juez federal Sebastián Casanello le dio al gobierno 72 horas para que presente un informe con el detalle de los alimentos acopiados y un plan para repartirlos. El Gobierno jamás lo hizo.
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