La transportista eléctrica Transener, que opera unos 15.000 kilómetros de red de transmisión de energía en Alta Tensión (AT, de 500 y 220 kilovoltios -kV-) en todo el país, admitió este martes en una audiencia pública que en los últimos años redujo sus inversiones debido a los sucesivos congelamientos de tarifas.
El principal accionista de Transener es el Estado nacional, mediante Energía Argentina (Enarsa), dueña del 26,33% de la empresa en sociedad con Pampa Energía, de Marcelo Mindlin -que tiene el mismo porcentaje-, y a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que tiene el 19,57%. En total, la Nación tiene el 45,9% de la compañía; y el 27,78% restante «flota» en la Bolsa.
La idea del Gobierno es poner a la venta en los próximos meses la participación de Enarsa, que equivale a unos 225 millones de dólares. Fue una intención que había tenido en 2017 el ex presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, pero que finalmente se frenó por la oposición del radicalismo, socio político del PRO, y que naufragó por el derrumbe en el valor de las acciones durante la crisis cambiaria.
Camino a la normalización
Los desvíos de los contratos de concesión y los marcos regulatorios durante las últimas tres décadas impactaron en la calidad de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, que se están discutiendo por estas horas en audiencias públicas.
Este martes el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) inició una serie de tres audiencias que llegarán hasta el jueves inclusive para empezar a definir la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de las empresas reguladas.
Se espera que el 1 de abril haya un nuevo aumento de tarifas que tendrá como tope un 9,9% de impacto en la boleta final de los usuarios y una «normalización» regulatoria, a cambio de establecer un sendero de 5 años -hasta fines de 2029 o principios de 2030- con compromisos de inversiones y mejora en la calidad del servicio, que resulte en una disminución de los cortes de luz.
En ese sentido, si el Gobierno aceptara la propuesta tarifaria de Transener, los usuarios tendrán una suba del 2% solo por el transporte eléctrico, o entre $ 239 y $ 855 mensuales con impuestos para el 75% de los usuarios.
En relación a las inversiones, el director General de Transener, Pablo Tarca, destacó que la empresa bajó a la mitad sus inversiones desde 2018 hasta 2024 por la falta de ingresos tarifarios. Ahora requiere unos $ 575.000 millones por año para operar la red, hacer frente a sus costos y mejorar sus equipos.
«Con los ingresos asignados, en los últimos 6 años no se han podido realizar el 62% de las inversiones necesarias. El 35% de las instalaciones del sistema se encuentran en el fin de su vida útil y la recuperación de las inversiones no realizadas requiere de 9 años de inversiones adicionales a las necesarias durante ese periodo», subrayó el ejecutivo.
Esta situación, sostuvo, deriva en un sistema saturado, con costos altos de mantenimiento y operación y despacho de energía, que se pagan con tarifas o subsidios.
Durante la audiencia pública de este martes otras empresas como Transba, Transpa, Transcomahue, Trasnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen hicieron planteos similares.
Este miércoles será el turno de transportistas independientes como Yacylec, Tiba (Buenos Aires), Licsa (Litoral), Limsa (Mesopotamia), Interandes (Noroeste), Edersa (Río Negro) y DPEC (Corrientes), entre otras, mientras que el jueves será el turno de las presentaciones de Edenor y Edesur.
Tal como contó Clarín, las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) planean inversiones por una suma cercana a los 2.150 millones de dólares en los próximos cinco años.