Este lunes, varios medios de comunicación y diarios digitales aseguraron que el Gobierno de Javier Milei desmanteló el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y que se suspendieron las licitaciones para proveer a los hospitales de opioides (morfina y metadona) con lo que los pacientes que padecen esta enfermedad tratan sus agudos dolores.
Incluso, varios de estos medios se hicieron eco de las declaraciones de una presunta trabajadora médica del INC que explicó vía redes cómo -presuntamente- la administración libertaria habría «desmantelado el programa nacional de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer» que es «formador de recurso humano interdisciplinario en C.P. a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados; provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país; asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país». Esto generaría, según esta referente del área, que haya «más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor».
El Gobierno intentó llevar calma y negó enfáticamente el desmantelamiento del INC
Debido a lo delicado de la denuncia, la noticia transcendió rápidamente en redes sociales y, más tarde, en varios medios nacionales que instalarían -sin consulta oficial alguna- dichas declaraciones como una verdad. Avanzada la tarde de este lunes, ante la presión y contundentes críticas que estaba recibiendo toda el ala libertaria, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, salió a esclarecer la situación.
A través de X, el funcionario dio una extensa explicación sobre los motivos por lo que considera que se creó y divulgó la confusión. Inicialmente, Lugones desestimó enfáticamente lo informado por algunos medios: «Esto es falso». «Todos los programas y medicamentos están garantizados por el Ministerio de Salud», respondió.
Sobre la posible suspensión de la compra de opioides para los nosocomios públicos, indicó enfáticamente que «no se suspendió ni se va a suspender ningún programa oncológico». Más tarde, explicó que para entender que, si bien es cierto que las licitaciones para adquirir estos medicamentos se vieron reducidas en los últimos meses, esto no quiere decir que haya faltantes o que se esté desfinanciando Salud, sino todo lo contrario.
«A la hora de hablar de opioides es importante tener en claro que son compras hospitalarias propias de cada una de las instituciones de la salud. Entonces, alcanza con preguntarle a los hospitales públicos si hubo faltantes. La respuesta es no», aseveró y sumó: «No pidieron más porque tenían stock. Incluso, ningún ministro provincial se quejó de la falta de estos insumos en el Consejo Federal de Salud (COFESA)».
Las irregularidades que dejó el gobierno anterior
Bajo ese pie, Lugones denunció que en el INC detectaron irregularidades en el sistema de compras y lo tildó de «ineficiente» porque «malgastan el dinero de los argentinos». Según el ministro de Salud, quienes alzaron la voz contra este «reordenamiento», tal como lo denominó él en ese mismo mensaje que compartió en X, son quienes están «interesados en mantener este sistema».
Este tipo de casos que denunció el funcionario libertario no son aislados. En mayo del año anterior, en la provincia de Santa Cruz hallaron más de 850 kilos de medicamentos vencidos en Puerto Deseado que debían haber sido distribuidos en el marco del programa estatal Remediar.
En esa oportunidad, los insumos que se echaron a perder por la excesiva compra y casi nula distribución correspondía a tratamientos pediátricos. De acuerdo a lo que informó la Secretaría de Medios de dicha provincia, el stock había sido adquirido en 2022 y 2023, pero las licitaciones para esos insumos no cesaron, lo que generó que los depósitos colapsaran.
En la misma provincia, en enero del 2024 habían detectado que en el Hospital de Río Gallegos, en el Ministerio de Salud y Ambiente, habían comprado test rápidos para COVID, mascarillas tipo barbijos, leche en polvo y otros artículos que terminaron venciéndose y tirándose a la basura porque no tenían destino aparente al momento de comprarse. «Encontramos medicación vencida, en muchísima mayor cantidad, y eso hizo que tomáramos medidas judiciales que ya están en Fiscalía de Estado con las denuncias correspondientes», explicó en aquel entonces el ministro de Salud santacruceño, Ariel Varela.
Ante este tipo de antecedentes fue que Lugones informó estar actuando: «Estamos reordenando el sistema de salud y eso implica revelar cada uno de los organismos del Ministerio. Dada la cantidad de curros que se encontraron de la era kirchnerista en el último año, tenemos la obligación de hacer una revisión rigurosa«, apuntó y concluyó: «No venimos a hacer más de lo mismo, vinimos a cambiar un sistema que estaba en decadencia».