El juez penal contravencional y de Faltas porteño Pablo Casas sobreseyó a su par del mismo fuero Karina Andrade, quien había quedado en medio de una fuerte polémica por haber liberado de manera “expedita” a más de 110 personas detenidas durante las manifestaciones de los jubilados en la zona del Congreso del 12 de marzo donde además participaron barras de fútbol y militantes políticos.
A través del abogado Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, el Gobierno había denunciado penalmente a Andrade por la presunta comisión de los delitos de “prevaricato, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
A Andrade se le achacaba “haberse inventado” el pasado 12 de marzo un procedimiento propio por el cual “se arrogó la facultad de entrometerse en la facultades del fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia”.
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En su dictamen, el fiscal Maximiliano Vence hizo lugar el pedido de la defensa y sostuvo que la decisión adoptada por Andrade “en nada obstó a la fiscalía a continuar la investigación respecto de los responsables por los hechos acaecidos”.
Finalmente y en el fallo al que accedió PERFIL, el magistrado porteño Casas hizo lugar a lo dictaminado por la fiscalía, determinó el sobreseimiento de Andrade, el archivo de la causa, y aclaró que la formación del caso no afecta el buen nombre y honor de la jueza.
Justamente ese día en el que la jueza determinó la liberación de las 114 personas señaladas por los desmanes de la zona del Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo por un cartucho de gas lacrimógeno arrojado por un efectivo de Gendarmería Nacional.
El golpe con el objeto lanzado le ocasionó a Grillo una cortada en la cabeza con fractura de cráneo y lo tuvo casi tres meses en terapia intensiva. Por este hecho se inició una causa penal en Comodoro Py por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público a cargo de la jueza María Romilda Servni.
La familia de Grillo es representada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) como querellante en el expediente. Esta semana en la que también el fotógrafo fue dado de alta luego de casi tres meses en terapia intensiva, sus abogados le pidieron a la Justicia que cite a declarar en calidad de imputado al gendarme Héctor Jesús Guerrero por los delitos de homicidio agravado por abuso funcional y el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.