El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, acusó al exdictador Evo Morales de utilizar a los campesinos del Trópico de Cochabamba como escudos humanos. Según Ríos, Morales habría obligado a sus bases a formar parte de un esquema de vigilancia permanente.
La orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas sigue vigente desde octubre de 2024. Por ello, el cocalero no ha salido de Lauca Ñ, donde permanece resguardado por sus seguidores. Varios dirigentes denunciaron presiones, amenazas y sanciones económicas para mantener esa protección.
Ríos afirmó que los comunarios fueron forzados a sumarse a las vigilias bajo amenaza de perder tierras y parcelas. Además, quienes no acuden deben pagar multas elevadas impuestas por el entorno de Morales.
Las condiciones de quienes vigilan son precarias y se exponen a la intemperie, sin apoyo institucional. En cambio, Morales goza de todos los servicios y comodidad dentro de su residencia. Esta situación ha generado malestar creciente en el sector cocalero.
Dirigentes que antes apoyaban al exmandatario han comenzado a cuestionar su permanencia en la región. Ríos reveló que varios de ellos evalúan solicitar su salida del Trópico de Cochabamba.
Alegan perjuicio económico, desgaste físico y abandono de actividades productivas. Morales ha convertido el lugar en un bastión defensivo mientras promueve su candidatura inhabilitada. Las tensiones internas aumentan día a día, según reportes del propio Gobierno.
Los anillos de seguridad establecidos alrededor del sindicado por pedofilia están compuestos por comunarios con escudos y lanzas artesanales. Estas personas también han creado barreras con estacas y promontorios de tierra. Se reportaron torres de vigilancia y puntos de control construidos por los mismos pobladores.
A pesar del temor a represalias, muchos comienzan a denunciar los abusos cometidos. “Ya no quieren seguir siendo usados como muro humano”, afirmó Ríos en conferencia de prensa.
El fortín del exdictador
| La Derecha Diario
La zona del Trópico continúa sin presencia policial desde los bloqueos del pasado junio. Las fuerzas del orden se replegaron por amenazas de toma de instituciones estatales. Esta ausencia permitió que Morales consolide un control territorial sin oposición.
El Ejecutivo considera urgente restablecer la institucionalidad en esa región. La seguridad para las elecciones está en riesgo si no se actúa a tiempo, advirtió el ministro.
Ríos indicó que ya se activaron mecanismos para coordinar con el Órgano Electoral. El objetivo es garantizar que los comicios del 17 de agosto se desarrollen con normalidad. El Gobierno insiste en que ningún candidato puede estar por encima de la ley.
Morales, pese a las denuncias en su contra, insiste en presentarse como postulante. Esta postura ha agravado el conflicto con las autoridades nacionales.
El caso judicial que enfrenta Evo Morales es por trata de personas con agravante. Se lo acusa de haber engendrado un hijo con una menor de edad mientras ejercía la presidencia. Aunque él lo niega, las pruebas siguen bajo análisis del Ministerio Público.
La Fiscalía de Tarija lleva adelante la investigación desde el año pasado. La orden de aprehensión fue emitida tras una serie de declaraciones y documentos clave.
Mercenarios extranjeros resguardan a Evo
| La Derecha Diario
Ahora bien, además de los campesinos, el Gobierno reveló que Morales estaría protegido por personas extranjeras armadas. Ríos señaló que este grupo forma el primer anillo de seguridad en Lauca Ñ.
Se trataría de individuos cuya nacionalidad no fue revelada por razones de confidencialidad. Según la información recibida por el Ministerio, estarían “altamente armados”. La presencia de este grupo genera preocupación por su posible carácter paramilitar.
El segundo anillo está conformado por dirigentes radicales del entorno más cercano de Morales. Estos seguidores han manifestado estar dispuestos a “entregar su vida” por el exmandatario.
Esta estructura actúa como escudo humano para impedir cualquier intento de captura. El Gobierno considera que este tipo de protección va más allá de lo político. Se trataría de una estrategia organizada para burlar la acción judicial.
Según Ríos, esta información fue proporcionada por dirigentes “patriotas” del Trópico de Cochabamba. Estas personas han comenzado a romper el silencio por el malestar que sienten.
Denuncian que la presencia de los extranjeros armados altera la paz local. También afirman que temen por la seguridad de sus familias si el conflicto escala. El Gobierno considera que estas revelaciones son fundamentales para recuperar el control institucional.
Amenazas de impedir las elecciones
| La Derecha Diario
Las amenazas de grupos afines a Morales dificultan el ingreso de instituciones estatales. El Ejecutivo asegura que retomará el control del área de manera progresiva. La presencia de extranjeros armados representa un riesgo adicional.
Morales, en tanto, continúa desde el Trópico impulsando su inconstitucional candidatura. Pese a estar inhabilitado, insiste en que será parte de las elecciones del 17 de agosto. Sus seguidores han presionado al Órgano Electoral con movilizaciones desde esa región.
El Gobierno teme que estos grupos intenten interferir con el desarrollo de los comicios. Por eso, ha reiterado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
La situación de Evo Morales se complica con cada nueva denuncia. Las acusaciones de coerción a campesinos y la presencia de extranjeros armados han encendido nuevamente las alarmas.