En el marco de una situación transitoria, la coyuntura actual en Argentina está marcada por el tránsito hacia las elecciones de medio término que serán decisivas para la segunda etapa del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el calendario a transitar hasta septiembre y octubre se le hizo extenso al oficialismo y está cruzado por turbulencias económicas, políticas, malestar social y conflictos en la lucha de clases, elementos que configuran un escenario abierto a giros bruscos y, sobre todo, que puebla de dudas el horizonte de la segunda etapa del gobierno de La Libertad Avanza. Ese cuadro se hace más complejo aún por la crisis e inestabilidad que atraviesa a Donald Trump en Estados Unidos, uno de los principales apoyos con los que cuenta Javier Milei.
En este marco más estructural, el cierre de listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fue ilustrativo del mal estado de salud del que goza el régimen de partidos en Argentina, agregando más ingredientes de precariedad a la situación de conjunto e interrogantes sobre la capacidad de lidiar con una eventual agudización de la crisis económica y social. Si los altos niveles de abstención que se venían observando en las elecciones adelantadas que ya se realizaron este año expresaban el ya no más del régimen de partidos anterior que había colapsado tras años de fracasos y el todavía no de la consolidación de uno nuevo, los hechos del sábado por la noche y los días sucesivos vinieron a confirmar esta caracterización.
De agudizarse la crisis en el próximo período, el nuevo intento de configuración bicoalicionista del régimen de partidos está ante el riesgo de repetirse como farsa. La puesta en escena de jugar a la unidad electoral cuando de fondo había una gran crisis ya la había advertido Myriam Bregman desde el mismo debate presidencial de 2023. Hoy, detrás de un marco de polarización política que estará alentado tanto desde la Alianza La Libertad Avanza (el oficialismo de Javier Milei con el PRO muy subordinado) como desde Fuerza Patria (el nuevo nombre del peronismo tras el fracaso del Frente de Todos), se observan dos espacios atravesados por agudas crisis e internas. Junto con ellas, existe además el gran interrogante sobre los niveles de abstención que se observarán, además del poco prestigio que tienen los principales candidatos de ambos espacios y del hecho de que, de entrada, es una elección que parte de la proscripción y persecución política contra Cristina Kirchner por parte de un Poder Judicial que se arroga la potestad de decidir quién puede ser candidato o candidata y quién no.
Por el lado de la derecha, tanto los días previos como los posteriores expusieron sus disputas a cielo abierto y llegaron a su pico máximo. Por un lado, con los cruces entre el sector de presidencia y Victoria Villarruel durante y después de la sesión en el Senado del 10 de julio en la que el gobierno sufrió una dura derrota, confirmando una vez más que la ruptura es total y con rumores de planes propios de la vicepresidenta tanto para una sucesión en caso de agudización de la crisis, como de una postulación propia en futuras elecciones. Por otro lado, con la cada vez más difundida división en el “triángulo de hierro”, con Santiago Caputo de un lado y Karina Milei junto con los Menem por el otro, enfrentados alrededor de la política electoral y de la necesidad (Caputo) o no (Karina) de acuerdos más amplios para gobernar. En el cierre de listas de provincia de Buenos Aires el sector de Santiago Caputo quedó excluido y sus tuiteros e influencers apuntaron todos sus cañones contra la Secretaria General de la presidencia y contra Sebastián Pareja, armador político en la Provincia de Buenos Aires. Estas internas y divisiones en el esquema de gobernabilidad están cruzadas en la coyuntura también -y no casualmente- por el recrudecimiento de la repercusión pública de escándalos como las últimas novedades de la criptoestafa Libra, el caso “de las valijas” no revisadas en Ezeiza, la supuesta filtración de información por el caso YPF o la acusación por la existencia de contratos millonarios de los Menem con el Estado, todos temas con amplia cobertura mediática del Grupo Clarín y La Nación, entre otros.
En cuanto al peronismo, su unidad en una sola lista no pudo disimular su fractura interna. Recapitulando los hechos, vale recordar que a estas elecciones el espacio llegó no solamente en una gran crisis por el fracaso previo del Frente de Todos, sino también en una disputa abierta entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que en la superficie se expresó en el debate por la conveniencia o no de desdoblar la elección provincial de la nacional, pero de fondo simboliza una pelea por la conducción del peronismo, con el 2025 como escala previa a la lucha por el 2027, sin ninguna diferencia programática comprensible para sus simpatizantes. Solo luchas de poder. Ni siquiera la prisión y proscripción de la ex vicepresidenta (contra la cual ya no luchan en las calles), pudo cerrar estas diferencias. Las anécdotas simbolizaron lo profundo de la división: un espacio que llegó a la medianoche del sábado sin ningún acuerdo y, acuciado por el horario, adujo un más que dudoso corte de luz para pedir una prórroga para la presentación de las listas. Finalmente, llegaron unidos en lo formal, pero divididos en los hechos. La tercera parte del armado fue el massismo, mientras que la burocracia sindical de la CGT y la CTA también apoya, aunque no obtuvieron los cargos que esperaban. Desde el sector de Juan Grabois posan actualmente de críticos, cuando de fondo están negociando, en realidad, sus lugares para las listas de octubre. Hacia esa misma fecha aún está por verse también cómo cierran con los gobernadores peronistas, que serán otro actor para el cierre de listas hacia esos comicios, en el marco de esta crisis política.
Por fuera de estos dos espacios, se presentó también “Somos Buenos Aires”, el frente en el que confluyen sectores de Facundo Manes, Juan Schiaretti, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer e intendentes peronistas. En este armado hay muchos sectores que fueron parte de garantizar la gobernabilidad de Milei. Su presentación, expresa, en cierto sentido, el desgaste relativo del Gobierno sobre algunos sectores colaboracionistas. Más adelante nos referiremos también, por supuesto, a la presentación del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad.
Esta crisis del régimen de partidos es inescindible de su trasfondo económico y social. Si en el caso del peronismo expresa el fracaso previo del Frente de Todos, que demostró su impotencia al no estar dispuestos a romper con la herencia macrista y tan solo se propusieron administrar los ajustes ordenados por el FMI (lo cual preparó su propia derrota, por el descontento que generó en su propia base electoral), en el caso del oficialismo se están comenzando a mostrar los límites de las contradicciones y problemas acumulados llegando ya casi a los dos años de gobierno.
La combinación de planes de ajuste, una economía real que no arranca y un creciente malestar social están demostrando cómo se traducen al terreno superestructural estos factores cuando se combinan, para un gobierno de minoría. Más de fondo, se abren serios nubarrones y dudas en el horizonte. No solo no se puede descartar la posibilidad de traspiés más fuertes antes de las elecciones de octubre si llegan a sufrir más dificultades para controlar el dólar y su efecto sobre la inflación (en los últimos días montaron planes de emergencia interviniendo sobre el dólar futuro y sobre las tasas de interés) sino que, sobre todo, crecen las dudas por la posibilidad de aplicar los planes de reformas estructurales que Javier Milei le promete al gran capital para la segunda parte de su mandato. Más aún: en un contexto tan volátil y con el oficialismo presentando candidatos malos (en algunos casos prácticamente desconocidos) contra un peronismo que a pesar de todo se presenta «unificado», no se puede descartar que un mal resultado electoral para la ultraderecha agudice estos problemas y una crisis política se retroalimente con los problemas económicos y sociales. Estratégicamente, en el choque entre la creciente debilidad del gobierno y sus ambiciosos planes reaccionarios se encierra la incógnita fundamental de la próxima etapa, así como también las posibilidades para derrotar mediante la lucha de clases los planes de Milei, el FMI y los grandes empresarios.
Los últimos problemas que mostró la coyuntura (no solo el cierre de listas) deben leerse desde esa óptica estratégica. Vale recordar que pocos días atrás, el 10 de julio, el gobierno había sufrido una dura derrota política en el Senado, cuando “la rebelión de los gobernadores” le había hecho perder abrumadoramente la sesión en la que se votaron aumentos por jubilaciones, extensión de moratoria, emergencia en discapacidad y reclamos de los mandatarios provinciales respecto de ATN e impuestos a los combustibles. El diseño que en muchas ocasiones le había permitido a La Libertad Avanza aprobar proyectos claves como la Ley Bases y otros (con todo el PRO y sectores del radicalismo, del bloque de Pichetto y sectores del peronismo), está vez no funcionó.
Ese revés (más allá de las negociaciones que pueda haber en curso) puso de manifiesto la precariedad del esquema de gobernabilidad en tiempos de ajuste fiscal y reclamos de fondos por parte incluso de sectores que apoyan núcleos esenciales del plan de gobierno como la subordinación al FMI, la apuesta al extractivismo o el ataque a las conquistas de la clase trabajadora. Incluso sectores como las patronales del campo -ante las cuales hablará Javier Milei el sábado y resta ver qué anuncios hará- tienen demandas por retenciones, tipo de cambio o infraestructura. Más golpeados aún están los sectores mercadointernistas. Se trata de contradicciones económicas y políticas entre los de arriba.
Más aún, un hecho relativamente novedoso y que puede potencialmente afectar al gobierno de Javier Milei es la mayor debilidad de su amigo Donald Trump. Vale recordar que este vínculo político fue fundamental para que el FMI implementara hace pocos meses un gran plan de salvataje cuando la economía argentina estaba al borde de una gran devaluación, perdiendo miles de millones de dólares en pocas semanas. La injerencia imperialista se volvió a ver en estos días, con la escandalosa intervención del futuro embajador Peter Lameles, que dio su apoyo explícito al Gobierno, justificó la proscripción de CFK y no se privó advertir del peligro que representan los “movimientos de izquierda”. Pero en aquel mismo rescate se incuban nuevas contradicciones: no solo por el mayor endeudamiento del país y los planes de ajustes y reformas estructurales que tarde o temprano llevarán a mayores convulsiones políticas y sociales (como enseñan todos los acuerdos previos con el FMI), sino también porque ahora es el propio presidente de Estados Unidos quien navega en aguas movidas: en las últimas semanas su popularidad ha caído por los escándalos del caso Epstein, por el mayor rechazo que despiertan sus políticas contra los inmigrantes, por la inestabilidad de la economía mundial que el propio presidente norteamericano acicatea con sus medidas o por la disminución del apoyo a su vínculo con el genocida Benjamin Netanyahu, entre otros factores.
También en el plano judicial (además del fallo por YPF a nivel internacional), el gobierno también acumula reveses como la suspensión del decreto de Milei para disolver Vialidad o el fallo contra el intento de reglamentar el derecho a huelga.
Frente a estas dificultades, el gobierno viene concentrando sus apuestas centrales de cara a las elecciones en la “batalla cultural” para consolidar un núcleo de derecha y, sobre todo, en tratar de mantener controlada la inflación.
Respecto de esto último, a la vez que hay sectores de masas que consideran que la baja de la inflación es el mérito principal del gobierno (viniendo del desastre de los gobiernos anteriores), y que hay sectores que se benefician de la situación actual (un 30 % aproximado de la población que tiene mayor acceso al consumo, viajes y compra de productos importados), también es cierto que crece el malestar social de amplias franjas que no ven que su situación haya mejorado o que incluso está empeorando. Según la propia Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad social el salario registrado acumula 4 meses consecutivos de caída en el año. Desde enero a abril de 2025, la pérdida promedio entre trabajadores del sector privado y público fue del 5,5%. Anteriormente se había conocido que la desocupación alcanzó un 7,9 %. Además, millones están endeudados para cosas tan básicas como comer o pagar el alquiler.
Sobre el trasfondo de esa situación se desarrollan tanto el crecimiento de la oposición social como la conflictividad que se viene observando en los últimos meses respecto de reclamos salariales, contra despidos, contra ataques flexibilizadores o antisindicales o contra ajustes a jubilados, salud o educación, con los casos de Georgalos, Secco, Garrahan, Astillero Río Santiago o jubilados como algunas de las luchas más emblemáticas del último tiempo, entre otras, que en ocasiones logran instancias de confluencia como este 17 de julio aglutinadas alrededor de la convocatoria del Garrahan, o como fue otras veces alrededor de los jubilados. A pesar de la emergencia de estas luchas, algunas con enorme legitimidad social, si se mira de conjunto también hay que decir que las distintas peleas de resistencia no lograron hasta el momento pegar un salto y abrir un escenario de mayor radicalidad en la lucha de clases. En eso interviene en primer lugar la traición de las direcciones sindicales y, más en general, el bajo piso desde el que parte la lucha de clases en los últimos años. Contra eso, la izquierda apuesta a poner todo su peso estructural y superestructural para que cada lucha triunfe, y jugarse al surgimiento de instancias de coordinación y comités de acción, peleando por construir volúmenes de fuerza para la lucha de clases, para construir frentes únicos y para luchar contra la pasividad de la burocracia sindical.
Sobre esto último, cabe señalar una reubicación del peronismo, que después de haber dejado pasar durante casi dos años todos los planes de ajuste de Milei, ahora se reubica en la previa de las elecciones para hacer una utilización de las demandas populares y fomentando con fuerza la polarización y el malmenorismo contra un gobierno de ultraderecha. Pero no hay que llamarse a engaño: tanto en la presencia de burócratas de la CGT en el Consejo de Mayo negociando la reforma laboral con Milei; como en la negativa de las conducciones sindicales a romper la tregua y llamar a paro nacional activo con plan de lucha; en el rechazo a tomar medidas serias para apoyar los conflictos; en el rol del gobierno de Axel Kicillof siendo cómplice de los despidos y ataques en provincia de Buenos Aires mediante su ministerio de Trabajo; o incluso en el hecho de que el espacio ya no lucha más contra la prisión y proscripción de Cristina Kirchner, se nota el doble discurso. La política del peronismo es conducir todo hacia el debate electoral bajo la estrategia de “vamos a volver” en 2027 (después de que Milei arrase con todo lo que pueda). En las últimas semanas volvieron con el discurso de renegociar la deuda externa (desconociendo una parte), programa que incluso en sus propios términos (que no es desconocimiento soberano) es inviable sin apelar a una gran movilización y lucha popular a la cual el peronismo se opone. Esto en parte lo mostró ya la fallida experiencia del Frente de Todos.
También es cierto que dentro de la CGT hay sectores que se proclaman críticos de la conducción de Héctor Daer, pero para ser consecuentes deberían pasar de las palabras a los hechos convocando con todas las fuerzas de sus gremios a luchar en cada conflicto y contra el veto de Milei. Lo mismo cabe para la conducción de la CTA, con mucha responsabilidad sobre sectores que hoy son fuertemente atacados.
El PTS y el Frente de Izquierda Unidad ante la crisis
Muy alejado de los planes de ajuste, de las roscas e internas de los partidos del régimen y de la demagogia opositora que no se sostiene en los hechos, está el PTS y el Frente de Izquierda.
Este espacio político, que viene estando desde el primer día y sin especulaciones apoyando todas y cada una de las luchas de los trabajadores, de los jubilados y jubiladas, de la defensa de la salud o la educación pública, así como también en rechazo a los ataques a las libertades democráticas y a la proscripción contra Cristina Kirchner, también presentó su propuesta para dar la batalla en el terreno electoral en la provincia de Buenos Aires.
Como se viene denunciando desde la izquierda, será una batalla con “cancha inclinada” contra los grandes poderosos: con una elección desdoblada, sin acceso a espacios gratuitos en medios de comunicación, el desafío es enfrentar con la fuerza de los de abajo a los partidos del régimen, que también utilizan en su favor el aparato del Estado (nacional en un caso, provincial en el otro, también los municipales) y cuentan con recursos millonarios.
El desafío que le proponemos a miles de simpatizantes de toda la provincia (y para octubre, de todo el país), con los cuales compartimos luchas en las calles y las seguiremos compartiendo en estos meses, y con quienes damos también la pelea por las ideas de la izquierda, es el objetivo de sumarse de forma activa para potenciar con todo esta campaña para llegar a cada lugar de trabajo, de estudio, cada barrio y en las redes sociales, para romper la polarización política a la cual apuestan la ultraderecha y el peronismo. La tarea no es voluntarista: enfrentamos mecanismos antidemocráticos, pero apostamos a empalmar con el fuerte descontento que se siente por abajo y el malestar con los partidos del régimen, interpelando a dar apoyo a la izquierda que no transa, que no se vende y que está en cada lucha, para conquistar nuevas bancas que le dan más fuerza a cada pelea. El Frente de Izquierda es el único espacio que en estos dos años no le aportó ni un solo voto a los planes de Milei y el gran poder económico ni en el Congreso Nacional ni en ninguna legislatura.
En las secciones electorales más masivas, el FITU presenta a Nicolás del Caño y a Romina del Plá como cabezas de listas que están compuestas por cientos de luchadores y luchadores en las ocho secciones y en más de 100 municipios donde el FITU postulará candidatos.
En su lanzamiento, las y los candidatos señalaron que en momentos en que arrecia el ajuste de Milei, el falso «escudo» de Kicillof en la provincia es sólo un discurso”. Señalaron, además, que “sólo el Frente de Izquierda-Unidad se planta como la única oposición que no transa ni se da vuelta y que acompaña cada pelea del pueblo trabajador en las calles y en el recinto para organizar una salida de los trabajadores a los gobiernos de las patronales y el capital financiero internacional”.
En los últimos días, también los referentes del Frente de Izquierda estuvieron a la cabeza de denunciar la obscena injerencia del nuevo embajador enviado por Donald Trump a la Argentina, Peter Lamelas, denunciando también que sólo una política de desconocimiento soberano de la deuda externa apoyado en la más amplia movilización popular puede ser la punta de lanza de una verdadera orientación antiimperialista.
La campaña electoral, desde el punto de vista del PTS, es parte de una batalla más amplia. La pelea por hacer crecer la voz de la izquierda y obtener nuevas bancas estará al servicio de potenciar las luchas y también de plantear la necesidad de poner en pie una herramienta política de los trabajadores que logre interpelar y busque organizar activamente a los cientos de miles de simpatizantes de la izquierda, pero también a los millones que se encuentran desencantados tras los sucesivos fracasos de los partidos capitalistas. A ellos y ellas nos dirigiremos con una propuesta de salida a la crisis favorable a las grandes mayorías.