El mandatario estadounidense apeló al máximo tribunal tras el fallo que declaró ilegales sus gravámenes globales. Aseguró que, sin esa herramienta, el país se volverá “débil y patético” y anticipó “repercusiones nunca vistas” si la medida se revierte.
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El futuro de la política arancelaria de Trump queda ahora en manos de la Corte Suprema
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno pedirá a la Corte Suprema un fallo acelerado después de que un tribunal federal de apelaciones declarara ilegales los aranceles globales que impuso amparándose en una “emergencia económica”.
El fallo judicial
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal dictaminó la semana pasada, por siete votos contra cuatro, que Trump utilizó de forma incorrecta la ley de emergencia para establecer gravámenes a naciones de todo el mundo. El fallo ratificó una decisión previa del Tribunal de Comercio Internacional, aunque los jueces permitieron que los aranceles permanezcan vigentes mientras el caso avanza en la justicia.
“El estatuto otorga al presidente una autoridad significativa para actuar ante una emergencia nacional, pero no incluye explícitamente el poder de imponer aranceles o gravámenes”, señaló el dictamen.
En declaraciones a periodistas y en una entrevista radial, Trump defendió la legalidad de sus medidas y advirtió que, de caer los aranceles, Estados Unidos podría “terminar siendo un país del Tercer Mundo”.
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Trump defendió la legalidad de sus medidas
“Veremos una repercusión como quizás nunca antes se ha visto”, afirmó, anticipando un fuerte impacto económico si la Corte Suprema no le da la razón.
El mandatario sostuvo además que el mercado bursátil “se dispararía” en caso de un fallo favorable y advirtió que sin los aranceles el país sería visto como “débil, patético y no rico” frente al resto del mundo.
Los aranceles globales fueron una de las principales banderas económicas de Trump, quien los considera clave para proteger a la industria estadounidense frente a la competencia internacional. Sus críticos, sin embargo, sostienen que encarecen los costos de importación, afectan a los consumidores y tensan las relaciones comerciales con socios estratégicos.
El futuro de la política arancelaria de Trump queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si el presidente actuó dentro de sus atribuciones o si excedió la autoridad otorgada por el Congreso.