El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura una iniciativa que busca prohibir las prácticas ilegales, pero delega en los municipios la decisión final de habilitar, regular o vetar la actividad, reavivando el debate político.
El gobernador Martín Llaryora anunció el envío a la Unicameral de un proyecto de ley para prohibir la actividad de «naranjitas» ilegales y limpiavidrios en toda la provincia. La iniciativa reactivó el debate sobre el control del espacio público y dejó en claro que el oficialismo respetará la autonomía municipal. Serán los intendentes quienes finalmente definan si habilitan, regulan o prohíben la actividad en sus jurisdicciones.
La postura del Ejecutivo reabrió el debate en la oposición, donde coexisten diferentes miradas. El legislador Gregorio Hernández Maqueda interpretó el anuncio como un triunfo parcial de una agenda que impulsa desde hace años, pero advirtió que el proyecto debe traducirse en una norma «clara y efectiva» y reafirmó su posición a favor de una prohibición total, sin esquemas de regularización.
Desde otro sector, el radical Dante Rossi puso el foco en el accionar del municipio capitalino y exigió al intendente Daniel Passerini que explicite con antelación cuál será el esquema de regulación en la ciudad de Córdoba, epicentro de la problemática. Rossi rechazó de plano la prohibición de los limpiavidrios, al considerar que detrás del fenómeno subyace una problemática social más profunda.
Con el envío del proyecto oficial, se abre la discusión en forma conjunta con una serie de iniciativas opositoras que permanecían sin tratamiento. La Legislatura provincial debatirá no solo el alcance de una posible prohibición, sino también el equilibrio entre seguridad, autonomía municipal y contención social. El gobierno provincial intentará amortiguar el impacto social de la medida con programas de reinserción laboral, punto que también figura en varios proyectos opositores.