Logroño es chico. Muy chico. Ubicado al noroeste profundo de Santa Fe, pertenece al Departamento de 9 de Julio y está unos 32 kilómetros de Tostado y a más de 300 de la capital provincial. Nació como tantos otros pueblos a la par de la extensión del del ferrocarril, cuando en 1911 inmigrantes llegados desde Logroño, España, apostaron a un nuevo comienzo.
Tiene apenas mil habitantes y la vida pasa por la agricultura y ganadería. Se repiten las historias de jóvenes que se exilian en busca de trabajo y en los últimos tiempos se había generado una esperanza de cambio que hoy se ve amenazada. Porque el nombre de Logroño empezó a sonar fuera del mapa habitual: un conflicto ambiental terminó poniendo en discusión algo más grande que una obra frenada y un expediente judicial. Hoy el debate, que interpela al Ejecutivo provincial, es cómo se gobierna un problema cuando cumplir la ley no alcanza para garantizar futuro.
El caso comenzó con la instalación de una planta de desmotado de algodón (una actividad en auge en una zona ganadera), que avanzó sobre una zona protegida, talando 30 hectáreas de bosque, en violación de la Ley de Bosques. El Ministerio de Ambiente de Santa Fe denunció la situación y presentó una demanda judicial. El proyecto fue frenado en marzo de 2025 luego de comprobar lo evidente. El daño ambiental existe, reconocido por la empresa y por el gobierno local.
Lo que no llegó, hasta ahora, es una salida política para la comunidad. Mientras la causa sigue su curso en tribunales, Logroño quedó paralizado. Sin obra, sin inversión y sin empleo en una comunidad que ya arrastraba un fuerte atraso estructural.
“Logroño está atravesando una situación difícil, complicada, que nos afecta directamente”, explicó la intendenta, Mariana Cardozo. “Esto afecta los recursos naturales, pero también al recurso humano. Hoy nos están quitando la posibilidad de crear una fuente de trabajo sumamente importante”, afirmó.
Cardozo describió un escenario social crítico: falta de empleo, emigración de jóvenes y situaciones de extrema vulnerabilidad. “Todo esto tiene que ver con la falta de generación de empleo”, sostuvo.
Un petitorio con 300 firmas
Frente a este panorama, la comunidad impulsó una pueblada pacífica e institucional. Más de 300 vecinos, junto a clubes, escuelas, cooperadoras, comercios, organizaciones sociales y 11 jefes comunales del Departamento de 9 de Julio, firmaron un petitorio formal dirigido al Gobierno de Santa Fe reclamando la apertura de una mesa de diálogo.
En el documento, no solo expresan su preocupación social: reclaman mecanismos de participación ciudadana, amparados en la legislación provincial. El texto solicita instancias de diálogo y audiencias públicas, al sostener que las decisiones ambientales de alto impacto deben contemplar también sus consecuencias sociales y territoriales.
El petitorio introduce además una interpelación política directa al Ejecutivo. Los vecinos citan el Decreto 15/2025, firmado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, que promueve el desarrollo productivo, el agregado de valor y la radicación de inversiones en el norte santafesino. Según el documento, el caso Logroño expone una contradicción entre esos objetivos y la falta de alternativas ofrecidas a una comunidad que quedó paralizada tras la judicialización del conflicto.
“La empresa tomó una decisión grave y somos claros en defender el cuidado del medio ambiente”, afirmó Cardozo. “Pero también tenemos que hablar del recurso humano. Esta planta podría generar alrededor de 50 puestos de trabajo directos con ingresos importantes. El daño ya está hecho, pero quienes seguimos pagando las consecuencias somos los vecinos”.
Sin cloacas, gas natural ni futuro
En la argumentación, los firmantes describen a Logroño como una de las localidades más postergadas de la región: sin gas natural, sin cloacas, con infraestructura básica incompleta y sin industrias que generen empleo sostenido. “No se trata solo de una obra frenada”, sostienen, “sino de un pueblo entero sin opciones productivas”.
Desde la empresa involucrada reconocieron el error cometido, ratificaron que respetan la ley ambiental y la instancia judicial, y señalaron que acompañan el reclamo comunitario para que se habilite un canal institucional que permita encontrar una salida legal y sustentable.
Por ahora, el Gobierno provincial no respondió públicamente al petitorio. En Logroño, mientras tanto, el reclamo se mantiene dentro de los carriles institucionales, sin protestas ni enfrentamientos, pero con una urgencia creciente. “El pueblo ya habló”, concluyó Cardozo. “Ahora necesitamos que se tomen decisiones”.