El Ministerio de Capital Humano anunció que recurrirá la medida judicial que frenó la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, tras un pedido de la CGT.
El Ministerio de Capital Humano anunció este lunes que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas más relevantes de la actual administración. La medida fue difundida a través de un mensaje en la red X por la ministra Sandra Pettovello, quien arrobó al presidente Javier Milei.
La comunicación se produce horas después de que la Justicia laboral aceptara el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenara, en forma cautelar, la vigencia de buena parte de la reforma aprobada por el Congreso. La resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 representa un revés significativo para el Gobierno, que había presentado la ley como un instrumento clave para promover la creación de empleo formal, aumentar la competitividad y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio defenderá la norma «sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental», y agotará todas las instancias judiciales necesarias «para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno».
La suspensión de los artículos impugnados fue solicitada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones propuestas en la nueva legislación laboral. Según consta en el fallo, la central sindical —representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo— sostuvo que los cambios afectan principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina. Entre ellos, el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.