En la Municipalidad de Santa Rosa parece que no le prestan mayor atención a las quejas de empresarios y del Gobierno nacional por el incremento de la presión tributaria de los estados subnacionales, que precisamente, van en contra de las intenciones del ministro de Economía, Luis Caputo, de bajar costos impositivos.
Según denunció la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) en la capital de La Pampa la tasa de Seguridad e Higiene que pagan las estaciones de servicio pasó de unos $65.000 mensuales a $6 millones. Es implica un salto de 9.130%.
La suba de la presión tributaria sobre las estaciones de servicio va en línea con otras medidas similares, como el caso de los supermercados en la provincia de Buenos Aires, y del Banco de la Nación en Santa Fe y Córdoba, donde se presentan idénticos reclamos. Las comunas dejan de cobrar la tasa en función de la superficie que ocupan los establecimientos y pasan a fijar una alícuota sobre la facturación.
Al respecto, la CECHA, en conjunto con sus Federaciones, Cámaras asociadas, y particularmente con la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa (CECLA), expresó “su profunda preocupación por las recientes disposiciones adoptadas por el municipio de la Ciudad de Santa Rosa, en torno a la Ordenanza N°6985/2023, respecto a la Tarifaria 2024”.
Los empresarios sostienen que “mediante la Resolución 422 del 17 de mayo de 2024, se implementó un cambio alarmante en el cálculo de la Tasa de Seguridad e Higiene, que pasó de ser un monto fijo basado en la superficie ocupada por las estaciones de servicio, a un porcentaje variable determinado por las ventas facturadas”.
“Entendemos, además, que este criterio basado en la facturación, se extiende al resto de las actividades económicas de la ciudad”, explican los empresarios de estaciones de servicio.
De $65.000 a $6 millones
En un comunicado aseguran que “una estación de servicio tipo que anteriormente pagaba una suma fija que rondaba en los $65.000 mensuales ahora enfrenta un aumento desmedido que convierte la tasa de inspección en seguridad e higiene, en una carga fiscal desproporcionada, similar a un impuesto bruto municipal, donde en algunos casos, supera los $6.000.000 mensuales”.
“Este ajuste implementado por el municipio resulta insostenible, considerando que los márgenes netos de operación en el sector son exiguos y la nueva base imponible grava el total facturado (y no la ganancia) duplicando la alícuota en los casos de consignación”, añaden los empresarios de CECHA.
Roberto Martínez, titular de la CECLA explicó a Ámbito que los empresarios estaban hasta hace unos días en negociaciones con concejales y autoridades del municipio para evitar que la tasa se cobre de una manera diferente. Pero explicó que este jueves comenzaron a recibir intimaciones del municipio que reclama el pago. “Creo que estamos en el camino de la judicialización”, explicó Martínez.
El incremento del costo del impuesto es tan alto que para una estación de servicio que vende 500.000 litros mensuales le significa el costo de cuatro o cinco empleados. De manera que es previsible que para evitar el cierre algunas estaciones tengan que despedir personal si no logran revertir la medida
Supermercados contra Lanús
Recientemente fuentes empresariales vinculadas a los supermercados Coto, Cencosur y la cadena Changomas incitaron acciones judiciales contra las tasas comunales que se cobran en Lanús. Allí esperan agotar la instancia provincial para pasar a la federal, donde los jueces están fallando en favor de las empresas.
El Banco de la Nación está cuestionando las tasas municipales en cada ciudad en la que le cobran ese verdadero impuesto a la facturación y está logrando amparos contra los municipios.
A todo esto, la Secretaría de Comercio volvió a imputar a un centenar de empresas de servicios públicos a lo largo del país que han desoído la orden del Gobierno nacional que les prohíbe incluir tasas municipales en sus facturas.
Se abrieron sumarios a empresas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
Una vez recibidas las notificaciones, las empresas tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo. Cumplido ese plazo, la Secretaría de Industria y Comercio podrá sancionar a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2.130 millones. En noviembre, la Secretaría ya había imputado a 95 empresas por el mismo motivo.