La organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió este martes que la designación por decreto del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla al máximo tribunal es “un atropello” del presidente Javier Milei y que es “uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte Suprema argentina desde el retorno de la democracia”.
La directora para las Américas de la organización con sede en Estados Unidos, Juanita Goebertus, criticó la decisión del presidente Milei poco después de ser anunciada. “El nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla representa uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno de la democracia”, dijo.
Y agregó que “el presidente Milei no puede pretender evadir los mecanismos institucionales simplemente porque no ha logrado los votos necesarios en el Senado para nombrar a sus candidatos”.
“Ahora, es responsabilidad de los otros poderes del Estado, especialmente del Senado y la Corte Suprema, estar a la altura de las circunstancias y frenar este atropello del presidente Milei”, afirmó.
La organización, que investiga y reporta abusos a las instituciones y los derechos humanos en todo el mundo, ya había advertido varias veces sobre la designación de estos magistrados por decreto, en especial la nominación de Lijo.
En su reporte anual difundido en enero, HRW había dicho que había “señales de deterioro institucional” en el gobierno de Milei. “El presidente se ha mostrado intolerante a la crítica, ha promovido regulaciones excesivas a la protesta y con la nominación de Lijo amenaza la independencia de la Corte Suprema”.
En mayo del año pasado la organización ya había manifestado explícitamente su preocupación, sobre todo por los antecedentes de Lijo. Sobre este magistrado dijo entonces que “numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos han expresado formalmente su preocupación por las nominaciones, en particular por el historial de Lijo como juez federal”.
“Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el estado de derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción. Para ello, el Gobierno debe considerar seriamente las graves preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la máxima integridad y cualificaciones”, agregó entonces.
Entonces detallaron que Lijo tiene tres investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar y destituir a los jueces federales. Además, “se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 in limine, es decir, sin ningún análisis, según un estudio de la organización de derechos humanos Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones sobre corrupción” dijo.
Además, señaló HRW, “un informe de 2016 de una asociación de abogados identificó retrasos aparentemente “anómalos”, en ocasiones de más de una década, en al menos 28 investigaciones sobre corrupción tramitadas por el juzgado de Lijo”.